El magistrado presidente, Elías Solís González, participó del I Foro de Transparencia y Acceso a la Información Pública, organizado por el Tribunal Electoral, con la conferencia “Ética y Transparencia en las compras y contrataciones públicas”. En su disertación, destacó la importancia de la ética pública en el ámbito de las contrataciones públicas y el deber de todos los servidores públicos de actuar con probidad. Al mismo tiempo, se refirió a los principios que regentan la contratación pública, resaltando los de transparencia, publicidad y responsabilidad en concordancia con el derecho a saber y el derecho de acceso a la información pública.
En lo que atañe al Tribunal, el magistrado presidente enfatizó que el Estado ha cumplido con el mandato del artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a los estados partes, entre otras cosas, a contar con un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso en que no se respeten las reglas o los procedimientos de contrataciones públicas. Al respecto, expuso la efectividad del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, organismo que en diez años de servicio al país ha resuelto 1421 recursos, de los cuales únicamente 47 han sido llevados ante la jurisdicción contenciosa administrativa de la Corte Suprema de Justicia, revocándose a penas 5 de las decisiones de esta entidad administrativa, proyectándose una gran confianza por parte de los administrados.
Además, el magistrado Solís González se refirió al deber ciudadano de fiscalizar las compras públicas como medida para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas; y a la responsabilidad, ética y probidad con la que deben actuar los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contratación pública; llamando la atención en el sentido que también existe un deber para los proponentes y contratistas de conducirse con ética y transparencia.
Concluyó animando a que los servidores públicos evitemos riesgos innecesarios, actuando siempre con honestidad y lealtad a la Constitución y las leyes; así como a la necesidad de dotarlos de una adecuada remuneración; y de fomentar la educación en ética pública y en la promoción de los valores del servicio público.
