El magistrado presidente del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Elías Solís González y el director general del Registro Público de Panamá, Erasmo Elías Muñoz Marín, suscribieron el convenio de emisión de firma electrónica calificada, cuyo objetivo es fortalecer puntos de interés mutuo mediante el uso de las nuevas tecnologías; así como contribuir a que los procesos cumplan con los principios de eficacia y transparencia; además de brindar mayor seguridad en las resoluciones dictadas por los magistrados.
El director general del Registro Público de Panamá manifestó que este convenio ayuda al Estado en su modernización y contribuye a que el TACP adquiera mayor seguridad jurídica para la gestión que desarrolla, favoreciendo con esto la transparencia en los procesos. También felicitó al Tribunal por la agilidad que imperó en el proceso para la puesta en marcha de la firma electrónica. Al tiempo que agradeció la confianza de la institución al implementar el uso de este servicio; y señaló que este Tribunal es el primero en afiliarse a este servicio en la categoría de tribunales del país.
Por otra parte, el magistrado presidente, agradeció el respaldo recibido por el Registro Público de Panamá en esta iniciativa, que fue presentada al Pleno por el magistrado vocal, José Aranda Ríos, que sin duda contribuirá a agilizar los procesos que dirime el TACP. Agregó que ahora le corresponde al Tribunal implementar la firma electrónica calificada, adoptando los procedimientos internos y tecnológicos correspondientes.
“Creo que la puesta en marcha de esta iniciativa envía un mensaje al país y en general a la administración pública sobre la necesidad que tienen las instituciones públicas de actuar interconectadamente para que se logre una gestión pública eficiente que llegue a todos los ciudadanos y muy especialmente un servicio público de calidad”, expresó el magistrado Solís.
En este acto de firma de convenio estuvieron presentes por parte del Registro Público de Panamá, Patricia Arias, secretaria general; Aarón Quijada, director de la firma electrónica; Rocío Abril de Vidal, directora de asesoría legal; Yulissa Ríos, jefa de tecnología; y por el TACP participaron, José Aranda Ríos, magistrado vocal; Alberto Vásquez, secretario general; Karen Solís, secretaría de impugnación; Franklin De Gracia, asesor legal; Angie Pérez, jefa de planificación y relaciones internacionales; y Jorge Ortega, jefe de informática.
La Firma electrónica calificada es una solución tecnológica que se añade a un dispositivo criptográfico (tarjeta inteligente o token usb), que permite dar valor legal a los documentos y transacciones electrónicas, al proteger la integridad de los datos, autenticando a los firmantes y garantizando el no repudio de sus autores. Está regulada por la Ley 82 de 2012.
