La Magistrada Presidenta Zaira Santamaría de Latorraca, la Magistrada Vicepresidenta Kathia Lee Duque y el Magistrado Vocal Ricardo Landero, en representación del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, estuvieron presentes el 28 de mayo de 2026 en la inauguración del Congreso Internacional de Derecho del Canal de Panamá, celebrada en el Panama Convention Center Amador. Durante el acto se abordaron los principales aspectos del régimen jurídico que sustenta la administración y funcionamiento del Canal de Panamá, reconocido como la principal vía interoceánica del mundo y un activo estratégico para la nación.
El evento convocó a distinguidas personalidades del ámbito jurídico, gubernamental y diplomático, entre quienes se contaron Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el licenciado José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá; el ingeniero Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal de Panamá; el embajador Kevin Marino Cabrera, representante diplomático de los Estados Unidos en la República de Panamá; así como la ingeniera Ilya Espino de Marotta, primera mujer en asumir la administración del Canal de Panamá, distinción que inscribe su nombre en la historia de la vía interoceánica y constituye un hito de singular trascendencia para el país.
La participación de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en este foro internacional refleja un compromiso institucional firme: fortalecer el Estado de derecho, consolidar la seguridad jurídica en la contratación pública y fomentar el intercambio académico sobre los temas de mayor relevancia en este ámbito para el país.
El Canal de Panamá, patrimonio de todos los panameños y símbolo de nuestra soberanía, requiere una reflexión jurídica constante y de alto nivel. En ese marco, el TACP reafirma su vocación de servicio a la nación y su disposición a contribuir, desde su competencia en materia de contratación pública, al fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la seguridad jurídica en los procesos de contratación estatal.
