El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas cumple 11 años de servicio al país, como institución autónoma, independiente e imparcial, constituido para velar que las entidades gestoras de actos públicos de selección de contratistas aplican debidamente los principios constitucionales, legales y reglamentarios de la contratación pública.
Las compras públicas contribuyen con el desarrollo socioeconómico del país, mediante la promoción y generación de empleos, la protección ambiental, la innovación y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Se afirma, además, que la contratación pública bien gestionada estimula la confianza del público, mejora el bienestar de la población y logra sociedades más prósperas e incluyentes.
No obstante, la sociedad en su conjunto demanda que exista integridad y transparencia en la contratación pública por parte de todos los actores que en ella intervienen, especialmente de los servidores y entidades públicas, como parte del manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos que debe reinar en toda gestión pública, pero también de los particulares que concurren a los procedimientos de selección de contratistas. Precisamente, dos de los principios fundamentales de la contratación pública son la transparencia y la igualdad de los proponentes o principio de libre concurrencia.
Para garantizar la observancia de tales principios se creó este Tribunal Administrativo, de tal importancia que se encuentra amparado por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento que obliga a los Estados partes a establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces para prevenir la corrupción, entre ellos un mecanismo de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos.
A la fecha resolvemos los conflictos que surjan en las contrataciones públicas con independencia y efectividad, asegurando la transparencia y el debido proceso, en cumplimiento de la Constitución y la Ley. He allí la redefinición de nuestra misión en concordancia con el rol que cumple la institución en la sociedad panameña, ampliamente reconocido con la confianza que tienen los administrados en nuestras decisiones.
Tal como hemos mencionado en otras oportunidades, con más de 1600 casos resueltos durante estos 11 años, que representan una litigiosidad superior a 3 mil millones de balboas, solamente 40 de las resoluciones proferidas por el Tribunal han sido objeto de demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa de la Corte Suprema de Justicia, instancia que únicamente revocó 6 de ellas, evidenciándose la efectividad de nuestros pronunciamientos en un 99.8%.
Esa efectividad y la proyección institucional son producto del esmero y compromiso de todos los compañeros y compañeras que integraron e integran al día de hoy el personal del Tribunal. Todos, somos conscientes de la responsabilidad que nos atañe para preservar la confianza que hemos ganado, por lo que continuaremos trabajando y nos esforzaremos para alcanzar nuestra nueva visión que nos conmina a ser un modelo de avance jurídico y de investigación, implementando las mejores prácticas administrativas y herramientas tecnológicas, con un recurso humano competente y comprometido con el desarrollo, el servicio público de calidad y la justicia.
La adopción de los valores institucionales honestidad, responsabilidad, transparencia, respeto y compromiso, reafirman la determinación institucional de continuar la prestación del servicio público que nos mandata la Ley de Contrataciones Públicas, bajo los principios de gobierno abierto, buena administración, rendición de cuentas y productividad.
Deseamos a todo nuestro personal un feliz aniversario y le reiteramos nuestro reconocimiento por su esfuerzo y dedicación al servicio público.
Elías Solís González
Magistrado Presidente
