La necesidad de la creación del TACP se centra particularmente en el cambio de paradigmas del Nuevo Orden Económico y a la integración del país conforme a éste, dirigido hacia el proceso de la apertura y la globalización, estimulando a la iniciativa para la inversión tanto en el sector público como en el privado.

Con vista en la necesidad de generar competitividad en el mercado de bienes y servicios, en el año 2006 se aprueba la Ley 22 de contratación pública y dentro de ésta, se asigna la creación de la DGCP y el TACP como entes que procuran ejercer la vigilancia, el control y la legalidad de los actos administrativos para la selección del contratista.

La misión institucional del Tribunal va dirigida en dos vértices; por un lado, garantizar la plena justicia en el proceso de selección de contratista y luego, en el caso de surgir conflictos en la ejecución del contrato, ser un ente independiente e imparcial que valore en debida forma, el debido proceso; así como la instrumentación y garantizar los derechos subjetivos, tanto del contratista, como del Estado.

La selectividad de los miembros que conformarían el Tribunal está determinada por ley, la cual indica que deben ser profesionales del derecho con experiencia en el campo de la administración pública y que mantuviesen un criterio jurídico en cuanto al ámbito del derecho administrativo.  En ese sentido, se elaboró inicialmente un Decreto Ejecutivo Reglamentario para efecto de la selección de los aspirantes interesados en participar en el proceso de escogencia de los magistrados del Tribunal.

El Ejecutivo, a través del Presidente de la República, seleccionó en un inicio a los miembros sugeridos de ternas propuestas.  Por un lado, el Colegio Nacional de Abogados propuso a Martín Wilson Chen, mismo que fungió como el primer magistrado presidente; la Procuraduría de la Administración a José Carrasco, correspondiéndole la vocalía y la Contraloría General de la República propuso a Irasema Tijerino, quien actuó como magistrada vicepresidente.

Para el mes de agosto, cuando iniciaron propiamente las operaciones se realizó el nombramiento de los primeros funcionarios que, en ese momento totalizaban unas 9 personas: 3 magistrados, 3 asistentes de magistrados, 2 secretarias y 1 conductor; siendo seleccionado uno de los asistentes como secretario general ad hoc.

Una vez instalados, la primera actividad operativa del Tribunal, ya en función, se inició un 16 de agosto de 2007, aprobando los primeros acuerdos operativos para darle funcionalidad e iniciando la distribución y salida de los expedientes.

Luego de cumplir con las tareas y asignaciones dirigidas hacia la estructuración de los acuerdos internos para la operatividad del ejercicio funcional, se organizó el Primer Congreso de Contrataciones Públicas y el año siguiente, a inicios del 2008, se realizó esta actividad con el fin de generar la divulgación de los postulados y principios rectores de la ley de Contrataciones Públicas, así como de la funcionalidad, tanto de la DGCP, como del TACP.

Es importante destacar que este Tribunal fue el primer Tribunal Administrativo de la nueva era republicana que se escogió para efectos de instituir la misión de garantizar los principios de la contratación pública y del control de la legalidad en la vía gubernativa.