Ciudad de Panamá. — Personal del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas participó en la conferencia “Los Avances en Políticas y Acciones Afirmativas de los Afrodescendientes en Panamá”, dictada por el Licenciado Samuel Samuels en el Salón Azul de la Procuraduría de la Administración. La actividad constituyó un espacio de formación y sensibilización en torno a los derechos, el reconocimiento histórico y los avances normativos alcanzados en favor de la comunidad afrodescendiente en el país.
Durante su exposición, el Licenciado Samuels repasó los principales instrumentos normativos que el Estado panameño ha adoptado en esta materia: la Ley 16 de 2002, que regula el derecho de admisión en establecimientos públicos y crea la Comisión Nacional contra la Discriminación; la Ley 64 y su modificación mediante la Ley 379, que dan origen a la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (SENADAP); el Acuerdo Municipal 133 de 2020, que instauró la Dirección de las Etnias; el Decreto 887, que prohíbe la discriminación en centros escolares por el uso de trenzas, locs o cabello afro; y el Decreto 347 del MINSA, que incorpora la variable étnica en el registro médico. Sobre esta base normativa, el expositor destacó avances institucionales de singular relevancia, entre ellos la consolidación de la SENADAP y el Plan Maestro 2022-2030 como pilares del reconocimiento e institucionalización de los derechos afrodescendientes. No obstante, señaló que la discriminación estructural continúa limitando el acceso equitativo a la educación, el empleo y la participación política, por lo que resulta imperativo fortalecer la educación intercultural y promover la participación activa de la sociedad afrodescendiente en la vida pública .
La participación del personal del Tribunal refleja el compromiso de la institución, que va más allá de su función resolutiva, asumiendo un rol activo en la promoción de cambios dentro de la administración pública. Conocer y valorar la realidad de los grupos históricamente vulnerables fortalece la sensibilidad jurídica de quienes garantizan la transparencia y la legalidad en la contratación estatal. De este modo, el Tribunal reafirma su adhesión a los principios de igualdad, dignidad humana e interculturalidad, valores que deben guiar a toda institución pública comprometida con el bienestar de la nación panameña.
